Font: Nota de Premsa de la Campanya Qui deu a qui? i Intermón Oxfam

La Campaña “¿Quién debe a Quién?” e Intermon-OXFAM no aceptan el nuevo retraso que han sufrido las reformas del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), anunciado ayer por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados.

Aprovechando la interpelación que el miércoles 17 de junio realizó el Diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV y portavoz en materia de Cooperación, Aitor Esteban, en la Sesión de Control del Gobierno sobre dichas reformas, la sociedad civil reafirma su exigencia del inmediato cumplimiento de la Ley de la Deuda en todos sus ámbitos.

Con el anuncio del Ministro Moratinos, el Gobierno español pierde una vez más la oportunidad de manifestar su voluntad política para acabar con las causas del empobrecimiento, como la Deuda Externa. El compromiso legal de realizar la reforma del FAD y de los seguros CESCE supuso en su día el reconocimiento de las graves irregularidades de ambos instrumentos para la internacionalización de las empresas españolas, y sus nefastos impactos en la salud, el entorno natural, los medios de vida e incluso los derechos humanos de las poblaciones del Sur. Asimismo, tanto los créditos FAD como los seguros CESCE se han referido en dadas ocasiones a proyectos de alto impacto social y ambiental, por lo que también son responsables de la generación de una mayor Deuda Ecológica, del Estado español con los países empobrecidos.

Por otra parte, la sociedad civil expresa que hace más de un año que el Gobierno está incumpliendo la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa (Ley 38/2006 del 7 de diciembre) en sus Disposiciones Transitorias Primera, Tercera y la Adicional Primera. Dichas disposiciones contemplan la presentación por parte del Ejecutivo de dos proyectos de leyes que regulen, respectivamente el FAD y CESCE, en tanto que créditos y seguros otorgados por cuenta del Estado. Asimismo, obliga a comparecer al Gobierno para dar cumplimiento de la gestión de la deuda, hecho que este año todavía no se ha producido.

Por todo ello, queremos denunciar lo siguiente:

1. El incumplimiento de esta reforma legislativa afecta, cada día que pasa, a la economía de más de 80 países que en la actualidad están endeudados con el Estado español y por lo tanto, a la vida de millones de personas, que continúan pagando una deuda en muchos casos de probada ilegitimidad.

2. El contexto de crisis económica brinda una excusa oportuna a algunas multinacionales españolas para presionar al Gobierno y explotar la posibilidad de seguir utilizando herramientas crediticias como los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros de créditos a la exportación con cobertura CESCE (empresa pública con capital privado), para que unos pocos continúen lucrándose a costa de que la población actual y futura de los países pobres tenga que asumir la carga de unas deudas ilegítimas que dudosamente responderán a las necesidades que verdaderamente necesitan ser cubiertas por la ayuda al desarrollo de España.

3. Es imperioso que la reflexión hecha ya por otros países europeos de abandonar definitivamente la contabilización de los créditos otorgados con cargo al FAD como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se produzca también en el Estado español y adquiera fuerza de ley. Este hecho desnaturaliza y resta calidad a la cooperación española, haciendo que, de nuevo, ésta sea una herramienta al servicio de las empresas españolas.

4. El Gobierno es responsable de garantizar, mediante una nueva regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo y del Seguro de Crédito a la Exportación, que el Estado Español está a la orden en el cumplimiento de las obligaciones internacionales con el respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos; así como la puesta en práctica del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el gobierno el mes de diciembre pasado, específicamente con su capítulo de acción exterior relacionado con la política económica exterior y la política de cooperación españolas.

En consecuencia, solicitamos que la reforma legislativa de los FAD y los seguros CESCE, pendiente y urgente desde hace tanto tiempo, sea prioritaria en la agenda del Ejecutivo español y tenga, además, en cuenta la opinión de la sociedad civil para su cambio. Asimismo, solicitamos de inmediato la comparecencia del Gobierno para que dé cumplimiento de la gestión de la Deuda Externa por parte del Gobierno español durante el ejercicio del 2008. En este sentido, solicitamos que en dicha comparecencia se facilite toda la información que nos ayude a entender cómo se alcanza la cifra de deuda para cada uno de los países deudores con el Estado español a 31 de diciembre de 2008, en relación a los datos aportados a 31 de diciembre de 2007.