Las comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Orellana, al norte de la región Amazónica del Ecuador, se enfrentan constantemente al mismo dilema: dejar que se explote el petróleo de sus tierras y obtener bonos de compensación que pueden mitigar de alguna forma sus necesidades, u oponerse a esta explotación para evitar la contaminación y los efectos que ésta conlleva en la salud.

Si se deja explotar el petróleo, en general se firman acuerdos de compensación. Antes se hacía con las propias empresas pero, tras la reforma de la Ley de hidrocarburos, se hace directamente con el Estado. Esto ha generado un nuevo problema en la provincia, ya que el Estado no está presente en las comunidades más lejanas y, por tanto, no se garantiza la ejecución de las compensaciones previstas. Por otro lado, las empresas ya no asumen los mismos compromisos que antes porque ya no están legalmente obligadas. Ante esta situación, las comunidades se han vuelto vulnerables, ya que los sistemas jurídicos y de movilización social que habían desarrollado para presionar a las empresas ahora son ineficaces frente al Estado.

Ante esta nueva realidad, la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) acompañan y asesoran a las comunidades afectadas en los procesos de negociación y están desarrollando nuevas estrategias de actuación. Una de estas estrategias es una propuesta de ley de consulta ambiental que proteja las comunidades campesinas contra el desarrollo de actividades extractivas. Esta ley pondrá a prueba la capacidad de las comunidades de analizar tanto los beneficios como los efectos nocivos de la explotación petrolera y decidir sobre ello. Del mismo modo, obligará al Estado a socializar sus proyectos y buscar el mayor beneficio para las comunidades en las que intervendrá.

El proyecto de promoción y defensa de los derechos ambientales en la provincia de Orellana se ejecuta con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona en coordinación con la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y constituye una aportación importante para conseguir este objetivo. Además, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a reforzar su capacidad de exigencia para que la explotación petrolera se realice implementando una tecnología adecuada, que reduzca al mínimo los impactos negativos y que, al mismo tiempo, ayude a la satisfacción de las necesidades comunitarias y el respeto de sus derechos.

Si bien nuestra visión institucional, al igual que INREDH, se dirige a limitar la explotación petrolera por los daños humanos y ambientales que implica, es necesario apoyar a las comunidades en sus propias decisiones y asistirles elaborando las estrategias necesarias para su protección y desarrollo.

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