Per Miquel Carrillo i Mireia Carreras (text en castellà)

El pasado 28 de junio se produjo un golpe de Estado contra el pueblo de Honduras y sus instituciones democráticas. La destitución mediante el uso de la fuerza del presidente elegido democráticamente en 2005, Manuel Zelaya, así como la militarización a la que está sometida desde ese día la sociedad civil hondureña, son hechos inaceptables.

Ese mismo día, se iba a realizar un sondeo de opinión nacional para preguntar al electorado sobre la realización de un referéndum, coincidiendo con las próximas elecciones, sobre si debía o no instalarse una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución política del país² .
 
Desde la fecha, el gobierno de facto ha alterado drásticamente el orden constitucional del país, dividiendo totalmente a la población. Se está dando en Honduras una grave situación de violación sistemática de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas. Son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia, se limita drásticamente la libertad de prensa, se ha recrudecido el uso de la violencia contra las personas que se manifiestan diariamente en contra del golpe de Estado, y es evidente la presión del gobierno de facto en contra de las personas e instituciones que no lo apoyan.

Durante estos últimos 2 meses, la actitud del gobierno español y de toda la comunidad internacional ha sido firme, condenando en repetidas ocasiones el golpe, no reconociendo el gobierno de facto así como retirando las credenciales diplomáticas al embajador de Honduras en España o ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra en septiembre.

Sin embargo, la presión internacional no ha evitado que el pasado 30 de Agosto se iniciara un proceso electoral que hay que calificar como fraudulento, ante la falta de libertades democráticas existentes en este momento en el país. Asimismo, el pasado 2 de septiembre el Fondo Monetario Internacional aprobó 163,9 millones de dólares al presidente de facto, Roberto Micheletti, con el pretexto de fortalecer las reservas e inyectar liquidez a la economía de este país, que acusa seriamente el cierre de las fronteras a sus exportaciones.
De manera más preocupante todavía, el Comité para América Latina del Consejo de Ministros de la UE ha incluido al gobierno de facto en Honduras en la reanudación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (AdA), que tiene un peso importante a escala política y económica en el proceso de integración regional, y en el modelo de desarrollo por el que se apueste, al fin y al cabo.

Cabe pedir a nuestro gobierno más firmeza incluso que la demostrada hasta ahora, y que no legitime una involución democrática como la que se vive en el país centroamericano. España, debido a los vínculos con América Latina, debe contribuir más que nadie en la protección de los defensores de los derechos humanos, y de todas aquellas personas y entidades que luchan por restablecer un Estado de Derecho en Honduras.

1* Texto elaborado a partir de la carta dirigida el 05/09/2009 al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Excmo. Sr. Don Miguel Ángel MORATINOS, por diferentes organizaciones de la sociedad civil española.

2*Tras la votación, el Congreso aún habría tenido que aprobar el referéndum y una asamblea constituyente no podía instalarse antes de la toma de mando del nuevo gobierno. Los partidarios del golpe alegan, sin embargo, que Zelaya buscaba una enmienda constitucional que le permitiría buscar la reelección y que ello constituía una infracción.