[Notícia en català]

Quienes firmamos esta declaración queremos expresar nuestra repulsa por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú en la respuesta gubernamental ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.

Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros, contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de cuatro personas muertas y decenas de heridas en el conflicto de El Espinar en el Departamento del Cusco; una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca; y tres muertas y decenas de heridas de bala, durante las movilizaciones de la población de Celedín (Cajamarca) contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región. En ese mismo contexto, denunciamos la violenta detención de forma atentatoria a todo derecho y ante las cámaras de la prensa del Sr. Marco Arana miembro de la entidad ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política “Tierra y Libertad”. Todo ello acompañado de medidas de excepción y privación de libertades a través de la declaración del “estado de emergencia” en ambos conflictos.

Con los precedentes de Honduras primero y Paraguay recientemente, nos tememos que podamos encontrarnos ante una dinámica creciente de suspensión de derechos y libertades de la población en varios países de América Latina, especialmente vinculada a la defensa de los intereses de diferentes multinacionales y sus negocios extractivos.

Por todo ello:
- Expresamos al Gobierno de Perú nuestra más enérgica protesta, le instamos a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los Derechos Humanos de la población peruana. 
- Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, ONG de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas, y otras a implicarse activamente en la defensa de los derechos y libertades para impedir un giro autoritario en Perú, y en la defensa de una resolución de los conflictos atendiendo el derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos afectados.
- Demandamos el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto en estas poblaciones.
- Exigimos a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano.
Informamos que en el seno de una amplia red de organizaciones de la sociedad civil internacional mantendremos una vigilante mirada sobre la evolución de los hechos en Perú, difundiendo ampliamente al respecto y alertando a las autoridades europeas sobre las políticas represivas del gobierno peruano que  violan y contravienen los acuerdos firmados por las partes, de respeto a los derechos de los pueblos; y exigiremos se tomen las acciones que correspondan para impedir la continuación de estas violaciones

Finalmente queremos trasladar nuestra solidaridad a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y, especialmente a las familias de las víctimas.


AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Brigadas Internacionales de Paz, Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Ingeniería Sin Fronteras, Observatori del Deute en la Globalització, Q’atari Perú,  Repsol Mata

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