[Comunicat en castellà]

Madrid, 12 de marzo. Sindicatos, organizaciones ecologistas, de consumidores, empresariales y de otros ámbitos han entregado hoy una carta a José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, en la que le critican el RDL 1/2012 que suspende los procedimientos de preasignación y establece la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables.

 Las organizaciones firmantes exigen al Gobierno que abra con urgencia un verdadero debate social y político para establecer un nuevo sistema de remuneración y de fiscalidad para todas las tecnologías de generación de electricidad.

 Las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno sobre el marco regulatorio de las energías renovables suponen un duro golpe a un sector industrial puntero, al empleo, al desarrollo tecnológico y al medio ambiente.

Respecto a las energías renovables, el Ministerio debería tener en cuenta las necesidades de reducción de emisiones de CO2, a las que nos obligan los acuerdos internacionales, con el objetivo de que la temperatura global no aumente a los niveles peligrosos que ha señalado la comunidad científica de Naciones Unidas (IPCC).

 Asimismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debería contemplar el balance económico para España de las energías renovables en cuanto a participación en el PIB, capacidad de desarrollo tecnológico y de I+D+i, y contribución al ahorro de importaciones energéticas, así como en cuanto a incidencia sobre el precio de la electricidad. Baste recordar que en las últimas semanas la importación de petróleo ha incrementado en 9.000 millones de euros nuestra factura energética.

 Diversos estudios han demostrado las expectativas de creación de nuevos empleos si se mantuvieran los incentivos definidos por los compromisos europeos y por el recientemente aprobado plan de energías renovables. Con la moratoria aprobada por el Gobierno no sólo no se creará más empleo sino que, además, se condenará al paro a miles de personas en todos los sectores tecnológicos relacionados con las renovables.

 La sociedad civil entiende que el RDL del Gobierno obedece a un planteamiento sesgado y demagógico en torno a la energía puesto que no tiene en cuenta los costes reales de generación, ni los beneficios desorbitados de instalaciones hidráulicas y nucleares amortizadas, ni las externalidades sociales y ambientales que cada tecnología produce.