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17.03.2009 | El derecho al agua, por Maude Barlow

De las miles de luchas locales por el derecho básico al agua a un movimiento global por la justicia del agua.

“Miles han vivido sin amor, nadie sin agua”
                            W. H. Auden, First Things First (Lo primero es lo primero)

Ha crecido en todos los rincones del planeta una intensa resistencia a la distribución no equitativa del agua. Eso ha hecho surgir un movimiento coordinado -y, dados los poderes a los que se enfrenta, sorprendentemente exitoso- por la justicia del agua. “Agua para todos y todas” es el eslogan que congrega a los grupos locales que luchan por el acceso al agua limpia, y a la vida, la salud y la dignidad que conlleva.

Muchos de estos grupos han vivido años de abuso, pobreza y hambre. Sin agua no hay vida y, para muchas comunidades de todo el mundo, la lucha por el derecho a sus propias fuentes de agua locales se ha convertido en un hito impulsor.

A partir de miles de luchas locales por el derecho básico al agua, impulsadas por una resistencia internacional a la denegación de estos derechos, se ha fraguado un movimiento global por la justicia del agua, muy organizado y maduro, que está forjando el futuro del suministro de agua mundial. Este movimiento ya ha tenido un profundo efecto en la política global del agua, forzando a las instituciones globales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas a confrontar las incompetencias de sus políticas, y ha ayudado a formular políticas del agua en muchos países. El movimiento ha forzado a abrir un debate sobre el control del agua y ha retado a los “Señores del Agua”, que se han erigido ellos mismos en árbitros de este cada vez más limitado recurso.

Es el momento de un Pacto de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua.

Cada vez más, este movimiento global por la justicia del agua pide un cambio en la legislación internacional para resolver de una vez por todas la cuestión de quién controla el agua. Debe generalizarse el hecho de entender que el agua no es un producto comercial -aunque, por supuesto, tiene una dimensión económica-, sino más bien un derecho humano y un bien público. Así pues, grupos de todo el mundo se están movilizando en sus comunidades y países para que se reconozca constitucionalmente el derecho al agua dentro de sus fronteras y en las Naciones Unidas en un completo tratado que reconozca el derecho al agua internacionalmente.

La privatización del agua es simplemente incompatible con la naturaleza del agua como bien común y, por lo tanto, incompatible con los derechos humanos fundamentales. “El agua siempre se mueve, a menos que haya intervención humana. La intervención es el derecho a utilizar, no a poseer ni a privatizar excluyendo a otros que tienen derecho a disfrutar de igual acceso al uso del agua. Es importante distinguir entre la noción de propiedad soberana y de control del agua, de la que gozan los Estados o naciones por los cuales fluye o pasa el agua y la noción de propiedad privada. La propiedad soberana del Estado no es lo mismo [que la propiedad privada], y tiene que ver con el control y el uso del agua para el bienestar, la salud y la seguridad públicos, no con ánimo de lucro privado. ” Si, no obstante, el Estado se pone de parte del Banco Mundial y negocia derechos privados sobre su agua con las corporaciones, ese Estado ha violado los derechos de sus ciudadanos, que tendrían derecho a compensación bajo el principio de los derechos humanos, si el pacto está bien redactado.

Una convención o un pacto de derechos humanos impone tres obligaciones a los Estados: la Obligación al Respeto, por la cual el Estado debe abstenerse de cualquier acción o política que interfiera con el disfrute del derecho humano; la Obligación de Proteger, por la cual el Estado está obligado a impedir que terceras partes interfieran en el disfrute del derecho humano; y la Obligación de Cumplir, por la cual se requiere que el Estado adopte cualquier medida adicional dirigida a hacer realidad ese derecho. La Obligación de Proteger obligaría a los gobiernos a adoptar medidas que impidieran que las corporaciones negaran un acceso equitativo al agua (en sí mismo, sería un incentivo para que se fueran las compañías de aguas), así como que contaminaran las fuentes de agua o que extrajeran recursos de agua de forma insostenible.

En la práctica, un pacto de derecho al agua daría a los ciudadanos una herramienta para que sus gobiernos rindieran cuentas ante sus tribunales nacionales y ante el “tribunal” de la opinión pública, y podrían también pedir compensación internacional.

Visiones enfrentadas


Hay una creciente preocupación por el hecho de que las corporaciones del agua, algunos países del Norte y el Banco Mundial se apropien de este proceso, y que lo usen para crear una convención que pueda consagrar la inclusión de los actores del sector privado. Ya se ha entendido y generalizado la reflexión de que el llamamiento por el derecho al agua es una idea a la que le ha llegado la hora, y algunos de los que se oponían a ella hasta hace poco, han decidido dejar esa oposición y ayudar a determinar tanto el proceso como el producto final a su propia imagen. La ironía de esto reside en que este nuevo escenario puede haber surgido del propio éxito del duro trabajo del movimiento global por la justicia del agua. Hasta hace muy poco, las instituciones globales y las grandes compañías del agua se oponían categóricamente a una convención por el derecho al agua.

En propuestas presentadas al Alto Comisionado, cientos de grupos han exhortado a la ONU a que se posicione claramente a favor del carácter público del agua. Para ellos, el pacto que se lleve a cabo debe describir explícitamente el agua no solamente como derecho humano, sino también como bien común
Maude Barlow


Más información en el libro:  "Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua".



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